Xalapa, Ver., 5 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) revisa las condiciones en que operaba la tienda Hiper San Bruno, donde la joven Joselyn perdió la vida durante las lluvias del pasado 28 de septiembre, a fin de determinar si existieron irregularidades u omisiones en los permisos otorgados, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.
El funcionario señaló que, en caso de detectarse alguna irregularidad, omisión o posible delito, corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades.
«Si lo que quieren es que se revise, está la Fiscalía y si hubiera alguna deformación o error, omisión o delito que se castigue, así de sencillo”, afirmó.
Durante la conferencia de prensa de este lunes, Ahued Bardahuil explicó que el Programa de Ordenamiento Urbano y Territorial establece que la zona donde se ubica el inmueble tiene un uso mixto, que contempla actividades comerciales e industriales.
Precisó que en los alrededores existen un fraccionamiento, un rastro, una gasolinera y otros establecimientos, mientras que el inmueble donde actualmente opera la tienda llevaba varios años funcionando como taller.
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Explicó que, en su momento, se solicitó a Desarrollo Urbano ratificar la vigencia del programa de ordenamiento y, al encontrarse vigente, se otorgaron los permisos correspondientes con base en los dictámenes de Protección Civil y Comercio.
“Está vigente y al estar vigente, le dieron un permiso con un dictamen de Protección Civil y el de Comercio”, sostuvo.
El secretario de Gobierno reconoció además que existen zonas de Xalapa que históricamente han registrado inundaciones, por lo que consideró necesario revisar nuevamente las condiciones de estos puntos.
“Son temas que se tienen que revisar porque esa zona de Xalapa siempre ha sido inundable”, dijo.
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García confirmó que el Ayuntamiento de Xalapa y la Fiscalía General del Estado atienden el caso.
Añadió que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico revisar el funcionamiento de las tiendas de productos de importación, así como las condiciones laborales de quienes trabajan en estos establecimientos.
“Se tienen que revisar, tienen que estar en condiciones como cualquier negocio, con sus impuestos, que la gente tenga seguridad social y los productos estén legalmente en el país”, afirmó.